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La Junta Departamental devuelve $33 millones y los destina para atender el déficit hídrico en la ruralidad

18 de Junio, 2026

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La Junta Departamental resolvió devolver $ 33.000.000 al Gobierno de Canelones para financiar acciones destinadas a enfrentar los problemas de acceso al agua en las zonas rurales del departamento. Los fondos serán administrados por la Agencia de Desarrollo Rural, en un plan de dos años, y estarán orientados a generar soluciones estructurales para pobladores y productores afectados por el déficit hídrico.

El presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, destacó que la devolución de recursos es resultado de una gestión responsable sostenida durante varios períodos. “Estamos retornando $ 33.000.000 a la Intendencia, que irán a la Dirección de Desarrollo Rural para atender el déficit hídrico, no solo mediante la construcción de pozos semisurgentes, sino también trabajando en sistemas de captación de agua y en el análisis de la calidad del recurso que utilizan los vecinos”, señaló.

Pereira remarcó que la iniciativa busca atender una problemática que afecta directamente a las familias rurales, más allá de la producción agropecuaria. “Hay mucha gente en la población rural que no accede al agua, madres jefas de hogar con niños a cargo que tienen que recorrer kilómetros para conseguirla, y familias con integrantes que presentan dificultades físicas. El legislativo departamental quiso dar un mensaje claro y nos parece que fue muy importante”, expresó.

Por su parte, el director general de la Agencia de Desarrollo Rural, Gustavo González, valoró tanto el aporte económico como la señal política que representa la medida. “Lo esencial no es el dinero; lo que festejo es el mensaje de coherencia que la Junta Departamental nos da, reconociendo la problemática y proponiéndonos solucionar algunas de esas cosas”, afirmó.

González sostuvo que la estrategia apunta a generar respuestas concretas y permanentes para los habitantes del medio rural. “No estamos hablando solo de productores, estamos hablando de pobladores rurales que tienen una dificultad tremenda para el acceso al agua. Con estos $ 33.000.000 pretendemos, en un plazo de ejecución de dos años, resolver muchos de esos problemas”, señaló.

Entre las acciones previstas, mencionó la construcción de pozos semisurgentes, la recuperación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como estudios vinculados a la calidad y disponibilidad del recurso. “Tenemos que recuperar la cultura de la captación de agua de lluvia. Hoy existen tecnologías apropiadas para reservar esa agua y queremos insistir en ese camino. También trabajaremos en el análisis de calidad del agua y en soluciones adecuadas para la producción familiar”, explicó.

El jerarca destacó además la importancia de avanzar en el registro y regularización de las fuentes de agua para garantizar un uso más justo y sostenible. “El agua es un bien público y precisamos tener garantías. Los conflictos vinculados al uso y extracción del agua existen, por lo que debemos determinar volúmenes, calidades y caudales para asegurar un aprovechamiento adecuado del recurso”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de encontrar soluciones definitivas, González se mostró optimista. “Es impensable que en un país con los recursos hídricos que tenemos sigamos teniendo problemas de agua. Creo que existen soluciones permanentes y debemos trabajar para alcanzarlas”, afirmó. También subrayó que la prioridad del programa será garantizar el acceso al agua para consumo humano, sin descuidar las necesidades productivas del sector rural. “Lo primero es el agua para el ser humano. Hace poco realizamos una perforación en Juanicó y una persona nos decía que por fin podía bañarse en su casa. Que la vida en el campo sea digna no es poca cosa”, concluyó.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, remarcó que el cambio climático impone nuevos desafíos para los gobiernos y obliga a desarrollar políticas públicas permanentes para atender los efectos de los eventos extremos. “El déficit hídrico de 2023 dejó en evidencia la magnitud del problema, fueron millones de litros de agua distribuidos, miles de horas de maquinaria y una enorme movilización de recursos para asistir a la producción y a las familias rurales”, recordó.

Legnani señaló que los fenómenos climáticos extremos llegaron para quedarse y que será necesario continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones. “Vamos a volver a tener períodos de exceso de lluvias y también veranos muy secos. Por eso debemos proyectarnos hacia el futuro y trabajar con una visión de largo plazo”, afirmó.

El jerarca valoró especialmente la decisión adoptada por el legislativo departamental. “Es una causa absolutamente noble y destacable. Cuando se nos planteó destinar estos recursos a la ruralidad, entendimos inmediatamente que era el camino correcto. Es un acto de compromiso y responsabilidad con quienes viven y producen en el interior del departamento”, sostuvo.

La devolución de estos recursos marca un nuevo paso en la articulación entre la Junta Departamental y el Gobierno de Canelones para abordar una de las principales preocupaciones de las comunidades rurales. Con una ejecución prevista a dos años, las autoridades esperan avanzar en soluciones duraderas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del campo, fortaleciendo el acceso al agua como un derecho esencial para el desarrollo humano y productivo del departamento.

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La Junta Departamental destina $33 millones para atender el déficit hídrico en la ruralidad
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