El Gobierno de Canelones inició proceso de regularización en la zona costera, con el fin de actualizar la situación jurídica de poseedores y/o propietarios de terrenos

Esta semana comenzó a desarrollarse, en el balneario Jaureguiberry, una serie de recorridas informativas e inspectivas para relevar la situación de las construcciones y asentamientos humanos irregulares en las zonas costeras, con el objetivo de comenzar un proceso de regularización en el balneario, evitar las ocupaciones de terrenos, las usurpaciones y avanzar hacia un proceso de regularización de las construcciones.

Además, estas acciones buscan preservar el medio ambiente y los recursos naturales del departamento. Sobre esto, el Director General de la Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana del Gobierno de Canelones, Rodrigo Amengual, destacó la importancia del “cuidado de la faja costera, de las dunas y el poder crecer y desarrollar el departamento con planificación, cuidando los recursos naturales”.

Fueron alrededor de 100 los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Contralor, de la mencionada Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana y de otras dependencias de la Intendencia quienes, en conjunto con el Ministerio de Defensa (Armada Nacional y Prefectura), el Ministerio del Interior y el Municipio de La Floresta, relevaron 3050 padrones de todo el balneario y notificaron a vecinos y vecinas sobre el proceso. Cuando no encontraron a personas, se dejaron las notificaciones correspondientes en los terrenos o viviendas.

La recorrida también fue de carácter inspectivo, ya que los funcionarios solicitaron a los residentes documentación de los respectivos inmuebles. En caso de no poder exhibir documentos en el momento, se intimó a quienes ocupan el inmueble a que en un plazo determinado entreguen dicha documentación, en la que deberán informar la relación jurídica de los ocupantes con el inmueble de que se trate, el cumplimiento de la ordenanza de edificación, el permiso de construcción correspondiente y el estricto cumplimiento de las normas vinculadas a la defensa de la faja costera.

Ordenamiento, planificación y cuidado de la costa canaria

El Director de Contralor, Luis Garrido, explicó que este proceso se inicia luego de detectar un “conjunto de denuncias por ocupación de terrenos, usurpaciones y por invasión de la faja costera, un conjunto de situaciones complejas y poco claras”, por lo que, en el ámbito de las competencias que tienen las intendencias como policía territorial, se definió comenzar con estas acciones.

En esta misma línea, Amengual afirmó que el Gobierno Departamental se encuentra trabajando en fortalecer las líneas de trabajo vinculadas al ordenamiento territorial y a la planificación, atendiendo, a su vez, lo referente a los permisos de construcción y los movimientos de suelo. Puntualizó que “con esto se busca dar respuesta a algunas necesidades y planteos de la comunidad, vinculados a la situación de dar cumplimiento con el rol de policía territorial, en el marco de las leyes nacionales y de las ordenanzas departamentales, y trabajar todo lo que tenga que ver con el abordaje de asentamientos humanos irregulares”.

Asimismo, Garrido sostuvo que este paso es “un primer acercamiento” y que las acciones futuras van a depender del marco normativo y de la respuesta que se obtenga en esta instancia. “Se va a dar un plazo razonable para que la gente pueda presentarse y a partir de allí definiremos; si se presenta un número realmente importante de vecinos y las situaciones quedan aclaradas, después se focaliza en algunos casos, si al revés, es un número bajo, habrá que analizar qué tipo de acciones se siguen adelante para garantizar el cumplimiento de esos deberes”, aseguró.

Información precisa y en tiempo real

En tanto, Amengual informó que la recorrida por Jaureguiberry permitió “tener información en tiempo real y precisa” sobre la situación del balneario, lo que es muy importante para la administración, ya que posibilitará “tomar decisiones en términos generales de ordenamiento a nivel departamental y también en la costa, ya que la zona metropolitana es donde más crece, en términos demográficos, el departamento”.

De esta forma, el Gobierno de Canelones continúa cumpliendo con las obligaciones que la ley le impone en materia de policía territorial (artículo 69 de la ley 18.308), Código de Aguas (Ley 14.859) y demás normas departamentales.

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