A partir del año 2017, el proyecto se viene desarrollando en la Unidad Masculina Nº 7 INR Canelones, incluyendo a la población privada de libertad en la agenda del Gobierno Departamental de Canelones.

La Secretaría de Derechos Humanos, en su rol articulador, integra y coordina con las direcciones generales de Desarrollo Humano, Cultura, Tránsito, Gestión Ambiental, la Agencia de Desarrollo Rural y la Secretaría de Vivienda de la Intendencia con la finalidad de desarrollar propuestas orientadas a la capacitación laboral y el acercamiento a la cultura de las personas privadas de libertad, como derecho.

En su segunda edición en el año 2018, el programa ha logrado consolidar el trabajo en sus cinco ejes: educativo, laboral, cultural, servicios y comunidad, intensificando su coordinación con instituciones estatales y sociales: MIDES, colectivo Espika, mesa local interinstitucional integrada por MEC, Primaria, Secundaria e INR, ampliando las propuestas de forma significativa.

El objetivo general de este proyecto es favorecer el desarrollo de establecimientos carcelarios que potencien la dignidad humana de las personas privadas de libertad, aumenten sus posibilidades de integración social mediante el acceso al mercado laboral formal, la promoción y construcción del ejercicio de ciudadanía, valores de convivencia fraterna y solidaridad.

La Unidad Masculina Nº7 este año ha tenido una población aproximada de 850 personas privadas de libertad, de las cuales tienen acceso a espacios educativos 400 personas y a espacios laborales 350 aproximadamente, siendo coincidentes la plaza educativa y laboral en varios casos para la misma persona.

En el marco del proyecto PICCA, participaron de sus propuestas 44 personas privadas de libertad en forma directa recibiendo a fin de año certificados de capacitación 31 personas, esto duplica en relación al año anterior el trabajo con la población objetivo.

En cuanto a los beneficiarios en forma indirecta por las adecuaciones de los servicios de la Intendencia de Canelones a las particularidades del funcionamiento de la Unidad, como, por ejemplo, la participación junto a otras instituciones de la creación de un sistema de clasificación y recolección de residuos y acondicionamiento del patio de visitas, el 100% de la población y sus familias accedieron a dicha mejora.

En las actividades culturales de la Agenda de Arte y Derechos Humanos, actividades de inauguración de espacios educativos, etcétera, el acceso de las personas privadas de libertad al disfrute de dichos espacios creció un 100% en relación al año anterior, lo que deja como indicador avances notorios en el proceso de transformación. No obstante, cabe destacar la necesidad de redoblar el esfuerzo de las instituciones en conjunto con INR para continuar profundizando este trabajo abarcando el acceso a plazas educativas-laborales-culturales a toda la población.